La opacidad

Una parte del dinero del mundo no se esconde en cajas fuertes. Se esconde en montajes perfectamente legales, o casi.

Primer lugar: los paraísos fiscales. Territorios que ofrecen impuestos muy bajos y, sobre todo, discreción.

Islas, pero no solo. Algunos están en el corazón de Europa o en estados norteamericanos.

¿Cuánto dinero duerme ahí? Nadie lo sabe de verdad. Un economista, Gabriel Zucman, estimó la parte en alrededor del ocho por ciento de la riqueza financiera de los hogares.

Segunda herramienta: la sociedad pantalla. Una sociedad sin oficina, sin empleados y sin actividad. Solo una dirección y una cuenta.

Su interés: en los papeles aparece un nombre, pero no es el del verdadero propietario.

Se pueden apilar sociedades: una sociedad en manos de otra, en manos de una fundación, en un tercer país.

Al final de la cadena, una persona. Pero para encontrarla hay que remontar cada eslabón, en cada país.

Abril de dos mil dieciséis. Periodistas de todo el mundo publican los Papeles de Panamá.

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Once coma cinco millones de documentos, salidos de un solo despacho que creaba sociedades pantalla para sus clientes.

Jefes de Estado, deportistas, grandes fortunas. En pocos días, dimite el primer ministro de Islandia.

Pero la mayoría de esos montajes eran legales. Es la primera vuelta de tuerca: la opacidad no siempre es un delito.

Tercera herramienta, la más masiva, reservada a las multinacionales: los precios de transferencia.

Una multinacional se vende cosas a sí misma, entre sus filiales. Y es ella quien fija el precio.

Un ejemplo: un producto vendido a cien euros, que cuesta sesenta fabricar, en un país donde el impuesto es del veinticinco por ciento.

Beneficio de cuarenta euros, impuesto de diez euros. Sencillo.

Ahora, la marca pertenece a una filial en un país sin impuestos. Factura treinta euros por su uso.

El beneficio local cae a diez euros y el impuesto a dos euros cincuenta. Han desaparecido siete euros cincuenta. La fábrica no se ha movido.

Se traslada el beneficio, no la actividad. Y suele ser legal, mientras el precio parezca defendible.

Los Estados han reaccionado. Desde dos mil veinticuatro, en Europa, los grandes grupos deben pagar al menos el quince por ciento, declaren donde declaren sus beneficios.

Y hay registros que obligan a declarar al verdadero propietario de las sociedades. Pero la justicia europea restringió su acceso público en dos mil veintidós.

La última vuelta de tuerca: la opacidad cuesta a quienes no pueden permitírsela. El impuesto que unos no pagan lo pagan otros.

Quédese con la frontera: reducir su impuesto con las herramientas que prevé la ley es un derecho. Esconder lo que se posee, no.